A dos años del fallo de la Corte para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, casi no hay avances. El fallo no solo exigía a los poderes públicos (nacional, provincial y de la ciudad) el saneamiento del Río, sino también la erradicación de todos los basurales clandestinos y los asentamientos que lo rodean, la puesta en marcha de un plan sanitario, el avance en tareas de limpieza y la expansión de las redes de agua potable, desagües y cloacas.
En los hechos, sólo se inspeccionaron un 29 % de las industrias radicadas en la cuenca, no hay mediciones del aire, no hay metas para reducir el vertido de líquidos contaminantes, y no se ha implementado un sistema de información para el ciudadano (como pidió la Corte).
Según el último informe presentado por ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) en dos años se removieron sólo el 50% de los barcos hundidos; sólo se inició el saneamiento del 15 % de los más de 230 basurales existentes en la cuenca; se inspeccionaron sólo el 30% de las industrias instaladas en la zona (encontrando 79 contaminantes). No se concretó un plan integral de tratamiento de los residuos ni se tomaron medidas para relocalizar a las personas que viven en basurales.
Hay casi un millón de hogares ubicados alrededor del río, que están en riesgo. El 55% de ellos no tiene cloacas y el 35% no posee agua potable, lo cual aumenta aún más el riesgo de deterioro en la salud. Las enfermedades afectan particularmente a los chicos; el índice de mortalidad infantil en la zona (14,3) está 2 puntos por encima del índice provincial (12,3).
No desaprovechemos la oportunidad histórica que abrió, con su fallo, la Corte Suprema de Justicia. Es imperioso mejorar la calidad de vida de las miles de familias que sufren la contaminación. Es tiempo de comenzar a trabajar en planes concretos e iniciar una Política de Estado para sanear la Cuenca Matanza Riachuelo.