De esta forma, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto -y su clan de amigos- han recibido todo tipo de indemnizaciones y subsidios. Y en el caso de la abuela, todos sus hijos fueron recompensados con cargos públicos electivos. Bonafini no se priva de nada: tiene universidad, radio, constructora, una docena de museos y varias prósperas actividades más. Pero lo más importante es que tiene el inmenso poder político de impugnar militares y componentes de todas las fuerzas de seguridad que está a merced del comisario político Horacio Verbitsky, con su house group, el CELS. Una especie de Veraz de la fuerzas armadas y de seguridad.

Otro caso relevante es el de algunos familiares de las víctimas de la AMIA. El presidente de la entidad que los nuclea, Sergio Burstein, ha ejercido su derecho de veto sobre el jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios. Tanto Burstein como Sergio Schoklender, el gerente general de Bonafini, tienen grandes manejos de dinero, equipos de trabajo, flotas de celulares etc., y nadie les puede preguntar de dónde obtienen su presupuesto o si hacen declaraciones juradas a la AFIP, aunque parece evidente que esta obligación sólo corre para la gilada, en cambio, para el oficialismo, encabezado por el matrimonio presidencial, alcanza con presentar cualquier cosa y las inconsistencias se las arreglan a domicilio. A los opositores les toca, en cambio, la persecución impositiva.

Hoy en la Argentina la profesión más rentable e impune es ser pariente de las víctimas. Con sólo apoyar todas las políticas del gobierno, consiguen grandes ventajas personales. Además, extorsionan al Congreso, por ejemplo, con la reciente aprobación de la ley del ADN obligatorio. Una ley totalmente inconstitucional, que posiblemente ningún juez se atreverá a declarar como tal. Así las cosas, hasta el 2011 hay que soportar la levantocracia, la vetocracia y la victimocracia.

Por Guillermo Cherasny, para Informador Público