A 16 años del ataque a la AMIA, que fue un ataque contra todos los argentinos, seguimos sintiendo el sabor amargo que genera no haber encontrado respuestas, no haber podido encontrar a los responsables. Dos veces fue nuestro país víctima del terrorismo fundamentalista internacional, y por ello tenemos el deber especial de liderar la lucha internacional contra este flagelo.
Lamentablemente, la cooperación argentina a nivel internacional en materia de lucha contra el terrorismo no se ve respaldada por un sistema de seguridad interior acorde. Hoy nuestras fronteras siguen sin control, y por ella ingresan ilegalmente y sin ser detectadas desde personas hasta aviones, mientras que las agencias federales y provinciales de seguridad comparten poca o nula información. Por ello advertimos que nuestro país sigue en situación vulnerable.
Vemos con preocupación la ambigüedad con que el ejecutivo ha tratado esta cuestión a nivel internacional, ya que por un lado ha pedido a la República Islámica Irán la comparecencia ante la justicia de los acusados por el atentado a la AMIA, al tiempo en que establece como aliado estratégico al régimen de Hugo Chávez, quien apoya al régimen de Ahmadinejad y se ha expresado públicamente de forma antisemita.
Por estos motivos, en este doloroso aniversario pedimos ante todo justicia y reclamamos al poder ejecutivo que se redoblen los esfuerzos para que los acusados comparezcan ante la justicia, y se tomen las medidas necesarias de seguridad para evitar que nuestro país no sea nunca más víctima del terrorismo fundamentalista internacional.
Este Gobierno practica el doble discurso permanente. Ello se ve en sus política internacional. Como bien señala Francisco, por un lado pide la detención de los iraníes acusados y, por el otro, se suma a la comparsa chavista que se la pasa denigrando a Israel y a los judíos. Pero lamentablemente la dirección israelita argentina se la pasa alabando a la Primera Locutora privilegiando una declaración oportunista de los K por encima de la estrategia exterior del país. Habría que ser tan duros con los K como con los iraníes, chavistas y demás personajes funcionales al terrorismo internacional. Porque los K hacen daño, todo lo que tocan manchan y sus secuelas perdurarán durante mucho tiempo. Una desgracia, sin dudas.
A partir de la instalación del kirchnerato, se le dio gran importancia a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de la misma plaza, a las víctimas de la represión militar, a las del gatillo fácil, etc., etc. Así fue que se otorgaron por ley importantes indemnizaciones y subsidios, en una política de cooptación, convirtiendo al rol de parientes de las víctimas en una de las profesiones más rentables de la Argentina.
De esta forma, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto -y su clan de amigos- han recibido todo tipo de indemnizaciones y subsidios. Y en el caso de la abuela, todos sus hijos fueron recompensados con cargos públicos electivos. Bonafini no se priva de nada: tiene universidad, radio, constructora, una docena de museos y varias prósperas actividades más. Pero lo más importante es que tiene el inmenso poder político de impugnar militares y componentes de todas las fuerzas de seguridad que está a merced del comisario político Horacio Verbitsky, con su house group, el CELS. Una especie de Veraz de la fuerzas armadas y de seguridad.
Otro caso relevante es el de algunos familiares de las víctimas de la AMIA. El presidente de la entidad que los nuclea, Sergio Burstein, ha ejercido su derecho de veto sobre el jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios. Tanto Burstein como Sergio Schoklender, el gerente general de Bonafini, tienen grandes manejos de dinero, equipos de trabajo, flotas de celulares etc., y nadie les puede preguntar de dónde obtienen su presupuesto o si hacen declaraciones juradas a la AFIP, aunque parece evidente que esta obligación sólo corre para la gilada, en cambio, para el oficialismo, encabezado por el matrimonio presidencial, alcanza con presentar cualquier cosa y las inconsistencias se las arreglan a domicilio. A los opositores les toca, en cambio, la persecución impositiva.
Hoy en la Argentina la profesión más rentable e impune es ser pariente de las víctimas. Con sólo apoyar todas las políticas del gobierno, consiguen grandes ventajas personales. Además, extorsionan al Congreso, por ejemplo, con la reciente aprobación de la ley del ADN obligatorio. Una ley totalmente inconstitucional, que posiblemente ningún juez se atreverá a declarar como tal. Así las cosas, hasta el 2011 hay que soportar la levantocracia, la vetocracia y la victimocracia.
Por Guillermo Cherasny, para Informador Público